¿Pueden los padres subir fotografías de sus hijos menores a redes sociales?

Hasta ahora se había advertido a los menores de los peligros y riesgos de subir a Internet o redes sociales sus propias imágenes. Pero nunca habíamos abordado esta cuestión de protección de la imagen del menor cuando son los propios padres los que suben a Internet las fotografías de sus hijos menores. La cuestión plantea numerosos interrogantes: ¿es posible y lícito que los padres puedan difundir este tipo de imágenes? ¿hay algún límite? ¿puede hacerlo uno sólo de los padres sin el consentimiento del otro? ¿qué ocurre si uno de ellos se opone? ¿en caso de separación y divorcio cómo se gestionan estas decisiones?

Tomado de Twitter @lawandtrends

Lea el articulo completo en: ¿Pueden los padres subir fotografías de sus hijos menores a redes sociales? http://bit.ly/25Hxc10 via: @lawandtrends

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Proponen endurecer penas para el delito de desacato.

El Grupo Parlamentario “Gral. Eulalio Gutiérrez Ortiz”, del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto.

ARTÍCULO ÚNICO. – Se modifica los artículos 216, 218 y la fracción II de artículo 237, y se adiciona el artículo 216 BIS del Código Penal del  Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial, el 28 de mayo de 1999, para quedar como sigue:

 ARTÍCULO 216. SANCIONES Y FIGURAS TÍPICAS DE DESACATO. Se aplicará prisión de tres a siete años de  y multa: A quien prevenido por autoridad competente; sin causa justificada incurra en cualquiera de las conductas siguientes: 1) No preste un servicio de interés público. 2) No comparezca ante la autoridad. 3) Se niegue a declarar ante la autoridad. 4) Incumpla con un mandato de autoridad competente. En la prevención que corresponda, la autoridad advertirá al prevenido de la ilicitud penal a que se expone si omite la acción debida.

ARTÍCULO 216 BIS. SANCIONES Y MODALIDADES AGRAVANTES DE DESACATO. La pena máxima de prisión del artículo anterior se aumentará en dos tercios y multa, cuando el mandato sea dictado por autoridad judicial y concurran cualquiera de las formas siguientes:

I.- PROCEDIMIENTOS FAMILIARES. – El mandato se ordene en procedimientos del orden familiar relativos a la patria potestad, guarda y custodia, régimen de vivistas y convivencias del niño o niña o, en cumplimiento de sentencia de los mismos.

II.- PROCESOS PENALES El mandato sea emitido en proceso penal iniciado por los delitos previstos en los artículos 310 y 311 de este Código.

ARTÍCULO 218. DISPOSICIONES COMUNES AL DESACATO. Al configurarse un desacato dentro de los supuestos enunciados en el artículo 216 BIS de éste Código, en un proceso penal o procedimiento administrativo, la autoridad que previno, realizara la certificación del incumplimiento de mandato ordenado haciendo constar la fecha del mandato dictado, la notificación realizada, término transcurrido para su cumplimiento  y en un término de cinco días, enviará oficio al Ministerio Público, comunicándole de aquél para que inicie la investigación correspondiente y, en su caso, ejercite la acción penal. Si el desacato se configura dentro de la investigación, el Ministerio Público iniciará desde luego la carpeta de investigación.

Fuente: Página oficial del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

congresocoahuila.gob.mx

Actualización de los montos establecidos en los artículos 1067 Bis fracción II; 1253 fracción VI; 1339, 1340 y 1390 Bis 33 del Código de Comercio.

Que con el propósito de dar a conocer los montos que conforme al Código de Comercio corresponde actualizar anualmente a la Secretaría de Economía por inflación, basada en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, se expide el siguiente:
Acuerdo
PRIMERO.- Los montos actualizados correspondientes a los artículos 1067 Bis fracción II; 1253 fracción VI; 1339; 1340 y 1390 Bis 33 del Código de Comercio, son los siguientes:
a)    Artículo 1067 Bis, fracción II: $6,896.29 (Seis mil ochocientos noventa y seis pesos 29/100 M.N.).
b)    Artículo 1253, fracción VI: $3,448.14 (Tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 14/100 M.N.).
c)    Artículo 1339: $574,690.47 (Quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.).
d)    Artículo 1340: $574,690.47 (Quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.).
e)    Artículo 1390 Bis 33: de $2,298.76 (Dos mil doscientos noventa y ocho pesos 76/100 M.N. a $5,746.90 (Cinco mil setecientos cuarenta y seis pesos 90/100 M.N.).

 

Diario Oficial de la Federación, 24 de Diciembre de 2015.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421297&fecha=24/12/2015

Ley Para la Familia y Código de Procedimientos Familiares de Coahuila

DECRETO No. 185.- Se adicionan las fracciones VII, VIII, IX, X y XI al Artículo 408 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

DECRETO No. 221.- Se modifica el segundo párrafo del Artículo 872 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

DECRETO No. 222.- Se adiciona una fracción IX al Artículo 197 y se adiciona una fracción IV y se recorren las anteriores, reformando la fracción VI y IX, adicionándose un último párrafo al Artículo 261 del Código Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza.

DECRETO No. 227.- Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.

DECRETO No. 228.- Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

DECRETO No. 229.- Se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza; del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/ArchivosPO/100-PS-15-DIC-2015.PDF

CENTRO O FUENTE DE TRABAJO DEMANDADO. CUANDO SE DESCONOZCA LA IDENTIDAD DEL PROPIETARIO O RESPONSABLE DE AQUÉL, LA JUNTA, EN USO DE SUS FACULTADES, DEBE ORDENAR LA INVESTIGACIÓN RESPECTIVA ANTES DE LA ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES, A FIN DE NO VULNERAR SU DERECHO DE AUDIENCIA.

Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 98/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 48/2000-SS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 272, de rubro: “CONDENA EN CONTRA DE LA FUENTE DE TRABAJO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IGNORA EL NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL PATRÓN, DEBIENDO LA JUNTA LABORAL, EN USO DE SUS FACULTADES PARA MEJOR PROVEER, ORDENAR LAS PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA DETERMINAR LA IDENTIDAD DE AQUÉL.”, la Junta tiene la obligación de investigar la identidad del propietario o responsable del centro o fuente de trabajo, si advierte en la fase arbitral que no compareció la demandada y no existen elementos para determinar su identidad. Dicha investigación debe realizarse antes de la etapa de demanda y excepciones, esto es, debe ordenarse desde que el patrón deja de comparecer a juicio y previo a la celebración de la audiencia respectiva, y no hasta el cierre de la instrucción a fin de no vulnerar su derecho de audiencia. En efecto, el solo emplazamiento practicado al centro de trabajo, no da certeza sobre la identidad de su propietario, pues tal diligencia sólo contiene una citación en la cual, por su propia naturaleza, el fedatario no se ocupa de investigar la identidad de aquél, por lo que no existe evidencia fehaciente de que una persona física o moral titular de derechos y obligaciones, se enteró del procedimiento laboral. Tal conclusión además, es en beneficio del trabajador, pues la investigación previa impide que comparezca cualquier tercero con el fin de negar la existencia de la relación laboral, dejando a aquél imposibilitado para justificarla, porque no se practicó una investigación eficiente; amén de que, el hecho de que en autos no esté acreditada la identidad del poseedor o propietario de la fuente de trabajo, impide que pueda celebrarse la audiencia trifásica, en la medida en que el derecho de audiencia es la base esencial de toda defensa, en donde descansa la legalidad del juicio, pues todo gobernado, persona física o moral, tiene derecho a conocer la existencia de un juicio iniciado en su contra. En atención a tal principio, cuando se demanda a un centro o fuente de trabajo y la identidad del propietario se ignora, la Junta, antes de establecer una sanción o declaratoria de conflicto, en uso de sus facultades para mejor proveer previstas en los artículos 782 y 786 de la Ley Federal del Trabajo, debe ordenar la investigación que permita conocer la identidad de la persona física o moral propietaria de aquél.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 1604/2014. Javier Torres Garza. 3 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Erik Silva González. Secretario: Raúl Alvarado Estrada.

RECIBO FINIQUITO ANEXO A LA RENUNCIA. ES IDÓNEO PARA ACREDITAR LA CONTINUIDAD DE LA RELACIÓN LABORAL ENTRE EL DÍA EN QUE EL TRABAJADOR SE DIJO DESPEDIDO Y EL POSTERIOR EN EL QUE EL PATRÓN MANIFESTÓ QUE AQUÉL RENUNCIÓ.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 27/2001 (*) estableció que corresponde al patrón acreditar la subsistencia de la relación laboral entre el día en que se afirma ocurrió el despido y el posterior en el que se dice se produjo la renuncia, sin que baste para ello la sola exhibición del escrito que la contiene, sino que se requiere que tal hecho esté reforzado con diversos elementos directamente relacionados con el momento hasta el cual el trabajador acudió a laborar; en el mismo sentido, en la jurisprudencia 2a./J. 58/2003 (**) determinó que corresponde al patrón acreditar la subsistencia de la relación laboral, cuando el trabajador demanda la reinstalación o la indemnización constitucional por despido, y aquél la niega, aduciendo abandono o inasistencias posteriores por parte del actor; asimismo, por identidad jurídica, en la jurisprudencia 2a./J. 206/2009 (***) sostuvo que la jornada de labores puede acreditarse con el escrito de renuncia, conforme a las reglas de la prueba documental. Ahora bien, cuando en el juicio laboral el patrón exhibe, además de la renuncia, el recibo finiquito de la misma fecha de aquélla, con el desglose de las prestaciones pagadas hasta ese día, entre otras, el pago del salario hasta la fecha de la dimisión y tal documento se encuentra suscrito por el trabajador y por el patrón, se convierte en un acto bilateral, equiparable a un convenio que resulta válido, salvo que se hubiere aducido su nulidad por contener algún vicio en el consentimiento, como error, violencia y/o dolo, por lo cual deben tenerse por confesión expresa los hechos ahí consignados por las partes, tales como que el trabajador recibió el salario correspondiente hasta la fecha en que la patronal adujo que había subsistido la relación laboral, por tal razón debe estimarse que el recibo finiquito constituye una prueba eficaz para acreditar la continuidad de la relación de trabajo después del día en que el trabajador se dijo despedido, porque es un elemento directamente relacionado con el momento hasta el cual el trabajador acudió a laborar, ya que si en el juicio se acredita que dicho recibo fue firmado por éste, ese hecho le da validez y reconocimiento al documento y a lo consignado en la renuncia, y por ello puede servirle al patrón para acreditar su defensa, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 89/2012 (10a.) (****).

Contradicción de tesis 172/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y Décimo Tercero en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

tesis publicada el viernes 4 de Diciembre de 2015.

Justicia Para Adolescentes. El Artículo 172 de la Ley Relativa Para el Estado De Coahuila que Regula la Medida de Internamiento, no Vulnera el Principio de Mínima Intervención, en su vertiente de Alternatividad

Del régimen de justicia para adolescentes previsto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva el principio de mínima intervención del Estado, que proclama la existencia de la menor intervención judicial posible para sancionar al adolescente por la comisión de conductas antijurídicas tipificadas como delitos, para evitar que se vulneren sus derechos humanos en la etapa de desarrollo de la personalidad. De dicho principio, en su vertiente de alternatividad, deriva un mandato para el legislador ordinario a fin de que amplíe la gama de posibles sanciones a los adolescentes, basadas en principios educativos, capaces de atender a los fines perseguidos en cada caso en particular, tomando en cuenta las circunstancias que le dieron origen. Así, el artículo 172 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila que regula la medida de internamiento, analizado sistemáticamente con el ordenamiento al que pertenece, permite al juzgador atender al dictamen de desarrollo y avance de medidas, elaborado por el Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Internación Especializado respectivo, así como la opinión de la Unidad de Evaluación del Poder Judicial de la entidad, respecto de los avances del menor, con el propósito de establecer si concluye o modifica la medida por otra, para lograr la rehabilitación del adolescente, de conformidad con los artículos 94, 95, fracción IV, 109, fracciones II y III, 110, fracciones V y VII, 155, 159, 168, 169 y 188 de la citada ley. De ahí que el artículo 172 aludido no viola el principio de mínima intervención del Estado en su vertiente de alternatividad.

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 1160/2015. 14 de octubre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Saúl Armando Patiño Lara.

Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.