Criterios para desahogar careos entre víctima e inculpado: SCJN

La Primera Sala de la Corte, al resolver un amparo directo en revisión (Amparo directo en revisión 575/2015), en atención al debido proceso, determinó las siguientes directrices para desahogar careos entre la víctima de un delito y el inculpado:

-La petición de la víctima de no estar presente en la misma sala de audiencias con el procesado debe hacerse ante el juzgador, además de darse vista al procesado y su defensa, así como a la fiscalía para que manifiesten lo que consideren oportuno.

-Los jueces durante el proceso penal adoptarán medidas para minimizar las molestias a las víctimas.

-Se reducirá el contacto entre víctima y procesado, siempre con respeto al principio de igualdad procesal, inmediación y contradicción; si es posible y necesario, la víctima debe ser interrogada durante el juicio, sin que se encuentre en la misma sala con el procesado.

-Evitar el contacto innecesario con personas sin relación directa con el proceso.

-Se deben adoptar medidas para garantizar que las víctimas sean interrogadas o careadas con sensibilidad, entre ellas, ayuda psicológica durante la diligencia.

-El juzgador, debe evitar, en la medida de lo posible, que se formulen preguntas que impliquen un recordatorio constante del hecho delictivo.

-Y deberá establecer posibles recesos durante las audiencias, para los supuestos en los que advierta desgaste físico o emocional de la víctima.

Guía Nacional de Cadena de Custodia

“… los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, aprobaron la Guía Nacional de Cadena de Custodia, la cual tiene como objetivo general: garantizar la mismidad y autenticidad de los indicios o elementos materiales probatorios, mediante actividades de control y elaboración de registros, que demuestren la continuidad y trazabilidad de la Cadena de Custodia, con el fin de incorporarlos como medio de prueba en el proceso penal.
La versión íntegra de la Guía Nacional de Cadena de Custodia, puede consultarse en la normateca del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, localizable en la página de internet”:
Publicado en el DOF el 26 de Noviembre de 2015.

Se suprimen los juzgados de Primera Instancia Especializados en Narcomenudeo

ACUERDO

PRIMERO. A partir del veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciséis (2016) se suprimen los juzgados de primera instancia en materia penal especializados en materia de narcomenudeo con residencia en Saltillo, Torreón y Piedras Negras.

SEGUNDO. A partir del veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciséis (2016) los juzgados especializados que se suprimen remitirán los expedientes, en el estado procesal en que se encuentren, en atención a lo siguiente:

  1. El Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal especializado en Narcomenudeo del Distrito Judicial de Saltillo, deberá enviar los expedientes al Primer Tribunal Distrital, salvo los relativos al Distrito Judicial de Monclova, los cuales deberá remitir al Tercer Tribunal Distrital.
  2. El Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal especializado en Narcomenudeo del Distrito Judicial de Torreón, deberá enviar los expedientes al Segundo Tribunal Distrital, salvo los relativos al Distrito Judicial de Parras, los cuales deberá remitir al Primer Tribunal Distrital.
  3. El Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal especializado en Narcomenudeo del Distrito Judicial de Río Grande, deberá enviar los expedientes al Cuarto tribunal Distrital, salvo los relativos al Distrito Judicial de Sabinas, los cuales deberá remitir al Tercer Tribunal Distrital.

TERCERO. A partir del primero (1°) de diciembre del dos mil quince (2015) los tribunales distritales asumirán la competencia en materia de narcomenudeo respecto de aquellas consignaciones y solicitudes que se presenten dentro de su circunscripción territorial; y a partir del veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciséis (2016) de aquellos asuntos que, conforme al numeral segundo les sean remitidos.

(Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el martes 24 de Noviembre de 2015).

PRUEBA ILÍCITA. LÍMITES DE SU EXCLUSIÓN

La exclusión de la prueba ilícita aplica tanto a la prueba obtenida como resultado directo de una violación constitucional, como a la prueba indirectamente derivada de dicha violación; sin embargo, existen límites sobre hasta cuándo se sigue la ilicitud de las pruebas de conformidad con la cadena de eventos de la violación inicial que harían posible que no se excluyera la prueba. Dichos supuestos son, en principio, y de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes:

a) si la contaminación de la prueba se atenúa; b) si hay una fuente independiente para la prueba; y c) si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente. Sobre el primer supuesto, a saber, la atenuación de la contaminación de la prueba, se podrían tomar, entre otros, los siguientes factores para determinar si el vicio surgido de una violación constitucional ha sido difuminado: a) cuanto más deliberada y flagrante sea la violación constitucional, mayor razón para que el juzgador suprima toda evidencia que pueda ser vinculada con la ilegalidad. Así, si la violación es no intencionada y menor, la necesidad de disuadir futuras faltas es menos irresistible; b) entre más vínculos (o peculiaridades) existan en la cadena entre la ilegalidad inicial y la prueba secundaria, más atenuada la conexión; y c) entre más distancia temporal exista entre la ilegalidad inicial y la adquisición de una prueba secundaria, es decir, que entre más tiempo pase, es más probable la atenuación de la prueba.

En relación con el segundo supuesto es necesario determinar si hay una fuente independiente para la prueba. Finalmente, el tercer punto para no excluir la prueba consistiría en determinar si ésta hubiera sido descubierta inevitablemente en el proceso. Dicho supuesto se refiere, en general, a elementos que constituyan prueba del delito que hubieran sido encontrados independientemente de la violación inicial. La aplicación del anterior estándar debe hacerse en cada caso concreto.

PRIMERA SALA

Amparo en revisión 338/2012. 28 de enero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2015 en el Semanario Judicial de la Federación